El ruido cuesta mas de €100,000 millones al año. ¿Quién paga por él?
El ruido urbano enferma y tiene un costo medible; su control suele repartirse entre reguladores y agentes del sector privado. Medirlo se volvió un negocio con lecciones para cualquier fundador.
Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.
Conclusiones Clave
- Medir el ruido urbano se está convirtiendo en un negocio recurrente con dos tipos de clientes: el gobierno que regula y la empresa que debe demostrar cumplimiento.
- El momento de entrada depende de que exista reglamento técnico y presupuesto asignado, no solo una ley aprobada.
La exposición prolongada al ruido del tráfico activa la respuesta de estrés del cuerpo, fragmenta el sueño y altera sus ritmos biológicos. Con los años, eso daña los vasos sanguíneos y eleva el riesgo de hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares, explica la Sociedad Europea de Cardiología.
Por eso la Agencia Europea de Medio Ambiente le atribuye al ruido del transporte 73,000 muertes prematuras al año en Europa. Contando también los años vividos con enfermedad o trastornos del sueño, calcula una pérdida de 1.5 millones de años de vida saludable, valorada en al menos €100,000 millones de euros anuales.
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Quién está obligado a medir
En la Unión Europea, las ciudades de más de 100,000 habitantes deben publicar mapas de ruido y planes de acción cada cinco años; Madrid aprobó su plan más reciente en febrero de 2026.
Chile publicó ese mismo mes una norma de emisión de ruido que regirá plenamente en 2028; según el decreto, cerca de la mitad de las denuncias ante su regulador ambiental son por ruido.
En Colombia, una ley de 2025 dio a las ciudades de 100,000 habitantes o más 18 meses para adoptar planes contra el ruido, un plazo que venció en septiembre de 2026.
Estos son algunos de los ejemplos que muestran cómo este fenómeno está tomando cada vez más relevancia y foco por parte de reguladores como un reto de salud pública a nivel mundial.
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De dónde sale el dinero
Diego Murillo lleva casi dos décadas trabajando en la gestión del ruido urbano, primero desde la investigación universitaria y, desde 2023, en Geotrends, la empresa colombiana que cofundó para medirlo con redes de sensores. Cuando se le pregunta de qué presupuesto sale el dinero público, responde: “Generalmente a través de la Secretaría de Medio Ambiente, aunque en algunos casos hemos tenido financiación por la Secretaría de Seguridad y Convivencia”.
En su caso, el 70% de la facturación viene de autoridades gubernamentales y el 30% de empresas. En otros casos, quien paga mayormente es la organización que genera el ruido. La australiana Envirosuite trabaja con más de 190 aeropuertos, que usan sus plataformas para medir el ruido de los aviones, seguir sus rutas, demostrar que cumplen las regulaciones locales y mantener la confianza de sus vecinos, según sus documentos para accionistas.
Entre sus clientes están los aeropuertos de Heathrow en Londres y San Francisco, y mineras como BHP y Vale. En agosto de 2025 la compró Ideagen, una empresa británica de software de cumplimiento normativo.
Para un fundador, eso amplía la lista de posibles clientes: además del gobierno que regula, puede pagar la empresa que debe demostrar que cumple.
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Entre la norma y la compra
“Nosotros teníamos la ley dentro de nuestro radar comercial, por lo que no hubo cambio en el pipeline, es decir, estábamos preparados”, dice Murillo. Pero en Colombia las reglas técnicas siguen pendientes y la ley condiciona su sistema nacional de vigilancia del ruido a que haya presupuesto. “Falta la reglamentación del Ministerio de Ambiente para propiciar un mejor escenario comercial”, agrega.
En Francia, las multas de los radares sonoros esperan la homologación de los equipos prevista para 2026. Para un fundador, esto significa que una ley aprobada no marca por sí sola el inicio de las ventas: conviene verificar si ya existe el reglamento técnico, si los equipos requieren certificación y si hay presupuesto asignado, y calcular cuánto tiempo puede sostener la espera.
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Quién es dueño de los datos
“Los datos son de la municipalidad y el despliegue se hace mediante roles en los que este decide si la información es pública o de gestión interna”, explica Murillo. Ni ese esquema ni la ley colombiana, que obliga a publicar las mediciones cada trimestre, aclaran si el proveedor puede reutilizarlas.
Para quien construye un negocio de datos con clientes públicos, conviene negociar desde el primer contrato quién es dueño de la información y si puede reutilizarla, por ejemplo, para mejorar sus modelos. Si la ley obliga a publicar las mediciones, el valor recurrente estará en operar el sistema y analizar los datos.
Dónde queda el margen
Geotrends describe su negocio en tres capas: el hardware que capta el sonido, los datos procesados que vende como servicio y el software de gestión. Envirosuite basa su modelo sobre todo en ingresos recurrentes por servicios, según sus documentos para accionistas.
En Nueva York, la ciudad pagó en 2025 unos $109,000 dólares a su proveedor por calibrar y dar servicio a las cámaras que detectan vehículos ruidosos. Ese año impuso multas por $1.47 millones de dólares y cobró $308,000, menos de lo que gastó en personal. Cuando una medición puede terminar en sanción, calibrar y certificar equipos se vuelve un servicio anual. El 30% privado de Geotrends viene del cumplimiento normativo en sectores como la refinación y la minería. En la encuesta 2025 de la red de auditoría RSM, el 82% de más de 250 organizaciones de la región dijo que avanzar en divulgar su desempeño ESG es prioridad, y el 45% de los clientes ya pide esa información a sus proveedores. Pero medir y gestionar esos datos sigue siendo difícil para las empresas latinoamericanas. Para un fundador, eso sugiere vender mediciones que el cliente pueda reportar y auditar, atadas a obligaciones que ya existen.
Conclusiones Clave
- Medir el ruido urbano se está convirtiendo en un negocio recurrente con dos tipos de clientes: el gobierno que regula y la empresa que debe demostrar cumplimiento.
- El momento de entrada depende de que exista reglamento técnico y presupuesto asignado, no solo una ley aprobada.
La exposición prolongada al ruido del tráfico activa la respuesta de estrés del cuerpo, fragmenta el sueño y altera sus ritmos biológicos. Con los años, eso daña los vasos sanguíneos y eleva el riesgo de hipertensión, infartos y accidentes cerebrovasculares, explica la Sociedad Europea de Cardiología.
Por eso la Agencia Europea de Medio Ambiente le atribuye al ruido del transporte 73,000 muertes prematuras al año en Europa. Contando también los años vividos con enfermedad o trastornos del sueño, calcula una pérdida de 1.5 millones de años de vida saludable, valorada en al menos €100,000 millones de euros anuales.
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Quién está obligado a medir
En la Unión Europea, las ciudades de más de 100,000 habitantes deben publicar mapas de ruido y planes de acción cada cinco años; Madrid aprobó su plan más reciente en febrero de 2026.
Chile publicó ese mismo mes una norma de emisión de ruido que regirá plenamente en 2028; según el decreto, cerca de la mitad de las denuncias ante su regulador ambiental son por ruido.
En Colombia, una ley de 2025 dio a las ciudades de 100,000 habitantes o más 18 meses para adoptar planes contra el ruido, un plazo que venció en septiembre de 2026.
Estos son algunos de los ejemplos que muestran cómo este fenómeno está tomando cada vez más relevancia y foco por parte de reguladores como un reto de salud pública a nivel mundial.
Relacionado: Entrevista: la importancia de fomentar la salud mental para lograr espacios sanos y seguros en los entornos laborales
De dónde sale el dinero
Diego Murillo lleva casi dos décadas trabajando en la gestión del ruido urbano, primero desde la investigación universitaria y, desde 2023, en Geotrends, la empresa colombiana que cofundó para medirlo con redes de sensores. Cuando se le pregunta de qué presupuesto sale el dinero público, responde: “Generalmente a través de la Secretaría de Medio Ambiente, aunque en algunos casos hemos tenido financiación por la Secretaría de Seguridad y Convivencia”.
En su caso, el 70% de la facturación viene de autoridades gubernamentales y el 30% de empresas. En otros casos, quien paga mayormente es la organización que genera el ruido. La australiana Envirosuite trabaja con más de 190 aeropuertos, que usan sus plataformas para medir el ruido de los aviones, seguir sus rutas, demostrar que cumplen las regulaciones locales y mantener la confianza de sus vecinos, según sus documentos para accionistas.
Entre sus clientes están los aeropuertos de Heathrow en Londres y San Francisco, y mineras como BHP y Vale. En agosto de 2025 la compró Ideagen, una empresa británica de software de cumplimiento normativo.
Para un fundador, eso amplía la lista de posibles clientes: además del gobierno que regula, puede pagar la empresa que debe demostrar que cumple.
Relacionado: Así es cómo los emprendedores pueden proteger su salud mental mientras son sus propios jefes
Entre la norma y la compra
“Nosotros teníamos la ley dentro de nuestro radar comercial, por lo que no hubo cambio en el pipeline, es decir, estábamos preparados”, dice Murillo. Pero en Colombia las reglas técnicas siguen pendientes y la ley condiciona su sistema nacional de vigilancia del ruido a que haya presupuesto. “Falta la reglamentación del Ministerio de Ambiente para propiciar un mejor escenario comercial”, agrega.
En Francia, las multas de los radares sonoros esperan la homologación de los equipos prevista para 2026. Para un fundador, esto significa que una ley aprobada no marca por sí sola el inicio de las ventas: conviene verificar si ya existe el reglamento técnico, si los equipos requieren certificación y si hay presupuesto asignado, y calcular cuánto tiempo puede sostener la espera.
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Quién es dueño de los datos
“Los datos son de la municipalidad y el despliegue se hace mediante roles en los que este decide si la información es pública o de gestión interna”, explica Murillo. Ni ese esquema ni la ley colombiana, que obliga a publicar las mediciones cada trimestre, aclaran si el proveedor puede reutilizarlas.
Para quien construye un negocio de datos con clientes públicos, conviene negociar desde el primer contrato quién es dueño de la información y si puede reutilizarla, por ejemplo, para mejorar sus modelos. Si la ley obliga a publicar las mediciones, el valor recurrente estará en operar el sistema y analizar los datos.
Dónde queda el margen
Geotrends describe su negocio en tres capas: el hardware que capta el sonido, los datos procesados que vende como servicio y el software de gestión. Envirosuite basa su modelo sobre todo en ingresos recurrentes por servicios, según sus documentos para accionistas.
En Nueva York, la ciudad pagó en 2025 unos $109,000 dólares a su proveedor por calibrar y dar servicio a las cámaras que detectan vehículos ruidosos. Ese año impuso multas por $1.47 millones de dólares y cobró $308,000, menos de lo que gastó en personal. Cuando una medición puede terminar en sanción, calibrar y certificar equipos se vuelve un servicio anual. El 30% privado de Geotrends viene del cumplimiento normativo en sectores como la refinación y la minería. En la encuesta 2025 de la red de auditoría RSM, el 82% de más de 250 organizaciones de la región dijo que avanzar en divulgar su desempeño ESG es prioridad, y el 45% de los clientes ya pide esa información a sus proveedores. Pero medir y gestionar esos datos sigue siendo difícil para las empresas latinoamericanas. Para un fundador, eso sugiere vender mediciones que el cliente pueda reportar y auditar, atadas a obligaciones que ya existen.
