Open Finance en América Latina, la decisión más cara que le puede costar a un banco
El Open Finance dejó de ser una promesa: hoy mueve miles de millones de dólares al día y está redefiniendo quién gana y quién pierde en la banca latinoamericana.
Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.
Conclusiones Clave
- La pregunta ya no es si va a pasar. Es cuánto le va a costar a tu banco haber esperado.
Si eres cliente de un banco que además tiene, dentro del mismo grupo económico, una aseguradora, una AFP o una financiera de consumo (el caso de casi toda la banca grande en el Perú), seguro ya te pasó: te llegó una oferta preaprobada de la financiera del grupo, o el banco “sabía” algo de ti que nunca le contaste. No es intuición del banco, y tampoco es que la ley lo permita así nada más: es, casi siempre, algo que tú mismo autorizaste en la letra pequeña del contrato que firmaste al abrir la cuenta, y por eso, dentro del mismo grupo, la información financiera se mueve con cierta libertad.
Lo que todavía no pasa en el Perú es que esa misma fluidez ocurra entre instituciones que no son del mismo grupo, que el banco A pueda ver, con tu permiso explícito y bajo un estándar de seguridad regulado, lo que el banco B sabe de ti, para competir de verdad por ti. Hoy no hay una ley que lo obligue ni una infraestructura común que lo permita de forma segura.
Ese es exactamente el vacío que el Open Finance, bien entendido y no como palabra de moda, viene a llenar. Lo que hoy solo pasa adentro de un conglomerado, en unos años tendrá que pasar en todo el mercado.
Y la pregunta que de verdad importa no es si va a pasar, es quién construye esa capacidad ahora, con o sin ley todavía, y quién se queda esperando a que se la impongan.
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Falla estructural detrás de las cifras
Mientras se resuelve la parte regulatoria, hay otra falla estructural que ya es completamente real y no depende de ninguna ley. El 92% de los hogares en el Perú tiene acceso a internet móvil y en el primer semestre de 2025 se hicieron 6,644 millones de transacciones digitales. El país mueve dinero digital a una velocidad altísima, pero el 67% de los adultos peruanos usa activamente una cuenta o billetera digital, y solo el 33% tiene acceso a financiamiento o crédito formal. Movemos dinero rápido. Prestamos poco. Ese es exactamente el problema que el Open Finance está diseñado para resolver, y exactamente el negocio que se está repartiendo mientras la banca decide si actuar o esperar.
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De amenaza a distribución de capacidades
Durante años, los ejecutivos de banca vieron a las fintechs como una amenaza. La lectura madura, la que ya adoptaron el Reino Unido (diez millones de usuarios activos bajo PSD2) y Brasil (42 millones de consentimientos activos y 1,600 millones de llamadas API al mes, la red de intercambio de datos financieros más grande del mundo en volumen diario), es otra: esto no es competencia, es distribución de capacidades, porque la fintech aporta agilidad y experiencia de cliente mientras el banco aporta lo que ninguna fintech puede clonar rápido, es decir, regulación, gestión de riesgo y la confianza que toma décadas construir. El Open Finance es el conector entre ambos, y a nivel global esa conexión ya no es un piloto sino infraestructura transaccional en plena expansión, con proyecciones de superar los 330 millones de usuarios en 2027.
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La decisión más cara que le puede costar a un banco
Acá viene lo que de verdad quisiera transmitirle a un directivo bancario, y es donde casi todos se equivocan.
La región no se está moviendo pareja, y ahí está la lección.
Chile ya no discute si conviene: su Ley Fintec habilitó el Sistema de Finanzas Abiertas, la CMF ya publicó la normativa que regula participantes, directorio y estándares de API, y a mediados de 2026 el país entró en la fase de implementación real.
Colombia acaba de declarar la obligatoriedad con el Decreto 0368 de 2026, que obliga a las entidades supervisadas a participar del sistema mientras la Superintendencia Financiera define los estándares técnicos en los próximos seis meses.
México, en cambio, es la advertencia que todo directivo debería mirar de cerca: legisló primero, en 2018, con una Ley Fintech pionera en la región, y ocho años después sigue sin la reglamentación secundaria que la haga operativa. Tener la ley no es lo mismo que tener la ventaja, y el Perú, hoy, sigue en la etapa de diagnóstico.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP publicó en 2025 su Hoja de Ruta para el Sistema de Finanzas Abiertas, con especificaciones técnicas en 2026, primera ola obligatoria a fines de 2027, y expansión hacia seguros, fintech, AFP y COOPAC hacia 2029. En esto el Perú no se ha quedado del todo dormido, porque en julio de 2026 la SBS ya publicó el Reglamento de Banking as a Service (Resolución SBS N° 01747-2026), vigente desde enero de 2027, que obliga a que el banco mantenga la responsabilidad regulatoria completa, aunque el producto lo entregue una fintech o una app. Con ese calendario en la mano, la reacción más común en los comités de riesgo sigue siendo “esperemos a que salga el reglamento completo de finanzas abiertas, para qué invertir antes de tiempo”, y esa es la decisión más cara que puede tomar un banco, aunque casi nadie la esté contabilizando así.
Los mercados no premian a quien cumple primero la ley, premian a quien define las reglas del juego antes de que la ley las escriba. El que entra primero se queda con los mejores acuerdos con las fintechs más competitivas, en sus propios términos, y acumula efectos de red que después son carísimos de revertir. Esperar la obligatoriedad no es prudencia, es entregarle a la competencia dos o tres años de ventaja para negociar el mercado sin ti en la mesa. Y en un país donde el talento especializado en FAPI 2.0 y arquitecturas API complejas es escaso, al punto que armar un equipo interno capaz de esto toma entre 8 y 14 meses en el mejor escenario, cada mes de indecisión es un mes que no se recupera.
Lo mejor que le puede pasar a un banco que espera es que el reglamento se demore, que la competencia también espere, y que nadie pierda terreno. Lo peor, y es lo que la evidencia de Chile y Colombia ya está mostrando, es que uno o dos jugadores no esperen, se queden con las mejores alianzas, y el resto llegue a negociar a un mercado ya repartido. Diseñar la estrategia para el escenario optimista no es gestión de riesgo. Es apostar.
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Los tres errores que le cuestan tiempo y dinero a cualquier proyecto
Para los que ya decidieron moverse, el camino técnico no es trivial, y ahí es donde la mayoría de los proyectos se atrasan y se encarecen. He visto tres errores de arquitectura que se repiten con una regularidad casi previsible.
- El primero es tratar el consentimiento del usuario como una pantalla bonita en el onboarding, en lugar de lo que realmente es: un componente crítico de seguridad, con permisos específicos, estados definidos, reglas de revocación y trazabilidad completamente auditable.
- El segundo, más caro, es acoplar la integración directamente al core bancario, que es la base operativa más crítica de un banco, así que tocarlo significa meses de validación y un riesgo técnico altísimo. La solución no es evitar el core, es aislarlo, construyendo una capa de abstracción intermedia que permita actualizar la lógica de finanzas abiertas sin poner en riesgo la estabilidad de la operación central.
- El tercero es subestimar la autenticación: OAuth 2.0 alcanza en un entorno de prueba, pero se queda corto en producción, donde la normativa exige FAPI 2.0, un estándar que, si lo intentas adaptar tarde, puede detener por completo el avance de un equipo de desarrollo.
Cuando algún directivo me dice que su equipo de Open Finance “ya casi está listo”, me hace recordar cuántos bancos aprueban una fusión con otra entidad más rápido de lo que autorizan un pase a producción sobre su propio core. Si tu organización le tiene más miedo a modificar su core que a comprar un competidor, ese miedo es el verdadero cuello de botella, no la tecnología.
Construir o aliarse
Por eso la tercerización con socios que ya recorrieron este camino en otros mercados de la región se volvió la ruta preferida de las entidades que están tomando esto en serio, como la alianza que combina la tecnología de Ozone API (la misma plataforma que usan bancos regulados en el Reino Unido y que también respalda Visa en la región) con las capacidades de agregación de Finerio Connect y la implementación de Nisum. Usar frameworks y componentes ya probados reduce el tiempo de salida al mercado entre un 30% y un 50%, lo que se traduce en una ventaja de 4 a 6 meses sobre quien decide construir desde cero, justo en la ventana donde se están cerrando las alianzas que van a definir el mercado: agregación de cuentas, banking as a service, iniciación de pagos alineada al BCRP, conocimiento de cliente como servicio. Esto ya no es cumplimiento. Es un canal de ingresos nuevo, para quien lo entienda a tiempo.
La ventana está abierta hoy, y no va a estar abierta cuando salga el reglamento, porque para entonces ya no será ventana, será la línea de partida que todos cruzan al mismo tiempo, y ahí gana el que llegó más rápido, no el que llegó más cumplido. Puedo pasarme la próxima hora debatiendo con un comité de riesgo si “es prudente” moverse antes de que la ley obligue, y es una conversación cómoda donde ninguna de las dos partes se equivoca del todo, pero mientras esa conversación ocurre, en algún lugar de Lima, São Paulo o Bogotá alguien ya está firmando el acuerdo que a tu banco le hubiera gustado firmar primero. Esta no es una decisión regulatoria, es una decisión de negocio, y las buenas decisiones de negocio se toman antes de que sean obvias para todos, no después.
Conclusiones Clave
- La pregunta ya no es si va a pasar. Es cuánto le va a costar a tu banco haber esperado.
Si eres cliente de un banco que además tiene, dentro del mismo grupo económico, una aseguradora, una AFP o una financiera de consumo (el caso de casi toda la banca grande en el Perú), seguro ya te pasó: te llegó una oferta preaprobada de la financiera del grupo, o el banco “sabía” algo de ti que nunca le contaste. No es intuición del banco, y tampoco es que la ley lo permita así nada más: es, casi siempre, algo que tú mismo autorizaste en la letra pequeña del contrato que firmaste al abrir la cuenta, y por eso, dentro del mismo grupo, la información financiera se mueve con cierta libertad.
Lo que todavía no pasa en el Perú es que esa misma fluidez ocurra entre instituciones que no son del mismo grupo, que el banco A pueda ver, con tu permiso explícito y bajo un estándar de seguridad regulado, lo que el banco B sabe de ti, para competir de verdad por ti. Hoy no hay una ley que lo obligue ni una infraestructura común que lo permita de forma segura.
Ese es exactamente el vacío que el Open Finance, bien entendido y no como palabra de moda, viene a llenar. Lo que hoy solo pasa adentro de un conglomerado, en unos años tendrá que pasar en todo el mercado.
Y la pregunta que de verdad importa no es si va a pasar, es quién construye esa capacidad ahora, con o sin ley todavía, y quién se queda esperando a que se la impongan.
Relacionado: No se necesitan más métodos de pago, sino mejores razones para usarlos
Falla estructural detrás de las cifras
Mientras se resuelve la parte regulatoria, hay otra falla estructural que ya es completamente real y no depende de ninguna ley. El 92% de los hogares en el Perú tiene acceso a internet móvil y en el primer semestre de 2025 se hicieron 6,644 millones de transacciones digitales. El país mueve dinero digital a una velocidad altísima, pero el 67% de los adultos peruanos usa activamente una cuenta o billetera digital, y solo el 33% tiene acceso a financiamiento o crédito formal. Movemos dinero rápido. Prestamos poco. Ese es exactamente el problema que el Open Finance está diseñado para resolver, y exactamente el negocio que se está repartiendo mientras la banca decide si actuar o esperar.
Relacionado: Transferencias de dinero vs pagos con tarjeta: ventajas, oportunidades y el futuro de los medios de pago en México
De amenaza a distribución de capacidades
Durante años, los ejecutivos de banca vieron a las fintechs como una amenaza. La lectura madura, la que ya adoptaron el Reino Unido (diez millones de usuarios activos bajo PSD2) y Brasil (42 millones de consentimientos activos y 1,600 millones de llamadas API al mes, la red de intercambio de datos financieros más grande del mundo en volumen diario), es otra: esto no es competencia, es distribución de capacidades, porque la fintech aporta agilidad y experiencia de cliente mientras el banco aporta lo que ninguna fintech puede clonar rápido, es decir, regulación, gestión de riesgo y la confianza que toma décadas construir. El Open Finance es el conector entre ambos, y a nivel global esa conexión ya no es un piloto sino infraestructura transaccional en plena expansión, con proyecciones de superar los 330 millones de usuarios en 2027.
Relacionado: Banca digital acelera su expansión regulada en América Latina con nuevo movimiento en Perú
La decisión más cara que le puede costar a un banco
Acá viene lo que de verdad quisiera transmitirle a un directivo bancario, y es donde casi todos se equivocan.
La región no se está moviendo pareja, y ahí está la lección.
Chile ya no discute si conviene: su Ley Fintec habilitó el Sistema de Finanzas Abiertas, la CMF ya publicó la normativa que regula participantes, directorio y estándares de API, y a mediados de 2026 el país entró en la fase de implementación real.
Colombia acaba de declarar la obligatoriedad con el Decreto 0368 de 2026, que obliga a las entidades supervisadas a participar del sistema mientras la Superintendencia Financiera define los estándares técnicos en los próximos seis meses.
México, en cambio, es la advertencia que todo directivo debería mirar de cerca: legisló primero, en 2018, con una Ley Fintech pionera en la región, y ocho años después sigue sin la reglamentación secundaria que la haga operativa. Tener la ley no es lo mismo que tener la ventaja, y el Perú, hoy, sigue en la etapa de diagnóstico.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP publicó en 2025 su Hoja de Ruta para el Sistema de Finanzas Abiertas, con especificaciones técnicas en 2026, primera ola obligatoria a fines de 2027, y expansión hacia seguros, fintech, AFP y COOPAC hacia 2029. En esto el Perú no se ha quedado del todo dormido, porque en julio de 2026 la SBS ya publicó el Reglamento de Banking as a Service (Resolución SBS N° 01747-2026), vigente desde enero de 2027, que obliga a que el banco mantenga la responsabilidad regulatoria completa, aunque el producto lo entregue una fintech o una app. Con ese calendario en la mano, la reacción más común en los comités de riesgo sigue siendo “esperemos a que salga el reglamento completo de finanzas abiertas, para qué invertir antes de tiempo”, y esa es la decisión más cara que puede tomar un banco, aunque casi nadie la esté contabilizando así.
Los mercados no premian a quien cumple primero la ley, premian a quien define las reglas del juego antes de que la ley las escriba. El que entra primero se queda con los mejores acuerdos con las fintechs más competitivas, en sus propios términos, y acumula efectos de red que después son carísimos de revertir. Esperar la obligatoriedad no es prudencia, es entregarle a la competencia dos o tres años de ventaja para negociar el mercado sin ti en la mesa. Y en un país donde el talento especializado en FAPI 2.0 y arquitecturas API complejas es escaso, al punto que armar un equipo interno capaz de esto toma entre 8 y 14 meses en el mejor escenario, cada mes de indecisión es un mes que no se recupera.
Lo mejor que le puede pasar a un banco que espera es que el reglamento se demore, que la competencia también espere, y que nadie pierda terreno. Lo peor, y es lo que la evidencia de Chile y Colombia ya está mostrando, es que uno o dos jugadores no esperen, se queden con las mejores alianzas, y el resto llegue a negociar a un mercado ya repartido. Diseñar la estrategia para el escenario optimista no es gestión de riesgo. Es apostar.
Relacionado: Open finance, ¿está Latinoamérica preparada para la integración de la banca?
Los tres errores que le cuestan tiempo y dinero a cualquier proyecto
Para los que ya decidieron moverse, el camino técnico no es trivial, y ahí es donde la mayoría de los proyectos se atrasan y se encarecen. He visto tres errores de arquitectura que se repiten con una regularidad casi previsible.
- El primero es tratar el consentimiento del usuario como una pantalla bonita en el onboarding, en lugar de lo que realmente es: un componente crítico de seguridad, con permisos específicos, estados definidos, reglas de revocación y trazabilidad completamente auditable.
- El segundo, más caro, es acoplar la integración directamente al core bancario, que es la base operativa más crítica de un banco, así que tocarlo significa meses de validación y un riesgo técnico altísimo. La solución no es evitar el core, es aislarlo, construyendo una capa de abstracción intermedia que permita actualizar la lógica de finanzas abiertas sin poner en riesgo la estabilidad de la operación central.
- El tercero es subestimar la autenticación: OAuth 2.0 alcanza en un entorno de prueba, pero se queda corto en producción, donde la normativa exige FAPI 2.0, un estándar que, si lo intentas adaptar tarde, puede detener por completo el avance de un equipo de desarrollo.
Cuando algún directivo me dice que su equipo de Open Finance “ya casi está listo”, me hace recordar cuántos bancos aprueban una fusión con otra entidad más rápido de lo que autorizan un pase a producción sobre su propio core. Si tu organización le tiene más miedo a modificar su core que a comprar un competidor, ese miedo es el verdadero cuello de botella, no la tecnología.
Construir o aliarse
Por eso la tercerización con socios que ya recorrieron este camino en otros mercados de la región se volvió la ruta preferida de las entidades que están tomando esto en serio, como la alianza que combina la tecnología de Ozone API (la misma plataforma que usan bancos regulados en el Reino Unido y que también respalda Visa en la región) con las capacidades de agregación de Finerio Connect y la implementación de Nisum. Usar frameworks y componentes ya probados reduce el tiempo de salida al mercado entre un 30% y un 50%, lo que se traduce en una ventaja de 4 a 6 meses sobre quien decide construir desde cero, justo en la ventana donde se están cerrando las alianzas que van a definir el mercado: agregación de cuentas, banking as a service, iniciación de pagos alineada al BCRP, conocimiento de cliente como servicio. Esto ya no es cumplimiento. Es un canal de ingresos nuevo, para quien lo entienda a tiempo.
La ventana está abierta hoy, y no va a estar abierta cuando salga el reglamento, porque para entonces ya no será ventana, será la línea de partida que todos cruzan al mismo tiempo, y ahí gana el que llegó más rápido, no el que llegó más cumplido. Puedo pasarme la próxima hora debatiendo con un comité de riesgo si “es prudente” moverse antes de que la ley obligue, y es una conversación cómoda donde ninguna de las dos partes se equivoca del todo, pero mientras esa conversación ocurre, en algún lugar de Lima, São Paulo o Bogotá alguien ya está firmando el acuerdo que a tu banco le hubiera gustado firmar primero. Esta no es una decisión regulatoria, es una decisión de negocio, y las buenas decisiones de negocio se toman antes de que sean obvias para todos, no después.
