A partir del 1 de octubre de 2025 entrará en vigor una nueva regulación que transformará la manera en que los usuarios realizan operaciones digitales en México. Se trata del Monto Transaccional del Usuario (MTU), mecanismo con el que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) busca reforzar la seguridad en el sistema financiero.

El MTU fue establecido en la Circular Única de Bancos publicada en 2024 y funcionará como un límite configurable que cada persona podrá asignar a sus operaciones diarias, semanales o mensuales. Dicho tope aplicará en transferencias, pagos de servicios, movimientos con tarjetas, así como transacciones vía SPEI o CoDi.

De acuerdo con información publicada por El Financiero, los bancos estarán obligados a habilitar esta opción dentro de sus aplicaciones y plataformas en línea. Sin embargo, no será forzoso que los clientes lo activen de inmediato. En caso de no establecer un monto máximo antes del 30 de septiembre de 2025, las instituciones financieras asignarán de manera automática un límite equivalente a 1,500 UDIS, es decir, alrededor de $12,800 pesos al valor actual, de acuerdo con el Banco de México.

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¿Cómo puedes configurar el MTU en tus cuentas de banco?

El procedimiento para configurar el MTU es el siguiente: ingresar a la aplicación bancaria, acceder a la sección Transferir y pagar, elegir Editar límite por transferencia y definir el monto que mejor se adapte a las necesidades del usuario. La modificación se aplicará en tiempo real y podrá actualizarse en cualquier momento.

De esta manera, la CNBV busca detectar movimientos inusuales en las cuentas y reducir la exposición a fraudes o estafas. Además, tiene el objetivo de ofrecer a los clientes mayor control sobre sus recursos, brindando un nivel extra de seguridad en las finanzas digitales.

A partir de octubre, los usuarios tendrán la posibilidad de administrar con mayor precisión los límites de sus transacciones, mientras que el sistema bancario nacional sumará una nueva herramienta de protección ante riesgos cibernéticos.

Además de proteger a los usuarios en el país, las autoridades mexicanas pretenden tener un mayor control fiscal de los movimientos que se realizan entre entidades financieras.