Desde el martes 17 de junio de 2025, entró en vigor en México la Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que tiene el propósito de proteger la salud postural de millones de trabajadores.

La nueva disposición obliga a los patrones a garantizar que sus empleados puedan sentarse en momentos adecuados durante su jornada, siempre que no sea estrictamente necesario permanecer de pie.

Esto aplica tanto a trabajadores de oficina como a quienes están en contacto directo con clientes.

De manera concreta, la reforma modifica los artículos 132 y 133 de la LFT. En esencia, los empleadores ahora deberán:

• Proporcionar sillas funcionales y con respaldo a sus empleados.
• Permitir el uso de estas sillas durante periodos apropiados de la jornada.
• Modificar sus reglamentos internos de trabajo en un plazo de 180 días naturales para cumplir con lo estipulado.

La ley está dirigida a una amplia gama de sectores como el comercio, la limpieza, la vigilancia, la gastronomía y los servicios en general. Entre los beneficiarios directos destacan cajeros, meseros, cocineros, panaderos, guardias, personal de limpieza, taquilleros y más.

Relacionado: La Cámara de Diputados en México aprobó la ley para trabajadores de Uber, DiDi y Rappi, ¿en qué consiste?

La Ley Silla: buscando prevenir daños físicos a los trabajadores

Según cifras oficiales, aproximadamente el 45% de los trabajadores en México pasa toda su jornada laboral de pie, lo que expone al cuerpo humano a un desgaste que muchas veces pasa desapercibido.

Esta postura prolongada está asociada a padecimientos como várices, dolor lumbar, desgaste articular, fatiga muscular y otras complicaciones físicas.

De ahí que el objetivo central de la Ley Silla sea prevenir riesgos laborales asociados a la postura, así como fomentar una cultura de ergonomía en los espacios de trabajo.

A partir de su entrada en vigor, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene un plazo de 30 días para publicar normas oficiales que especifiquen los riesgos posturales y las condiciones mínimas de ergonomía que deberán respetarse en los centros laborales.

Según El Economista, en caso de incumplimiento, las empresas podrían enfrentar multas de entre 250 y 2,500 UMA, es decir, desde $28,000 hasta $280,000 pesos, dependiendo de la gravedad y si hay reincidencia. Asimismo, podrá imponerse la suspensión temporal de actividades.

Relacionado: Aprueban reforma en México para blindar salario mínimo y propinas en sectores de servicio